Se trataba de un largo proceso iniciado en la Dictadura de Onganía (1966), retomado por la dictadura de Videla (1976), y continuado en la presidencia de Menem (1989) con breves períodos de democracias enmarcadas en fuertes procesos de movilización, la primera y en avances y retrocesos del movimiento popular, la segunda. En definitiva, Argentina volvía a modificar su perfil, profundizando el esquema agro -exportador primario que le reservaban los centros de poder en la división internacional del trabajo.
Como resultado de dichas políticas más de dos terceras partes de la población Argentina cayeron en la pobreza y la indigencia. El proceso de empobrecimiento y deterioro social tuvo un epicentro en la crisis de diciembre del 2001, periodo en el cual, además, se consumo una brutal transferencia de recursos financieros hacia los centros de poder internacionales.
El país había sido devastado, dilapidado su patrimonio económico y cultural, liquidados los recursos y potenciales energéticos e industriales ante la competencia y la expoliación extranjeras. La población sufrió la pérdida masiva de puestos de trabajo, cayendo en los niveles de desocupación y trabajo precario más altos de la historia.
Alcanzamos en el año 2003 la dramática cifra del 24% de desocupación y hasta un 52% con diversos problemas de subocupación y precarización laboral. Se consolidaba una profunda brecha social, una profunda desigualdad, en la cual los más afectados sin lugar a dudas fueron los millones de niños y adolescentes que por tres generaciones consecutivas – con abuelos y padres muy jóvenes – fueron privados de la cultura del trabajo y de formas de organización familiar estable.
Paulatinamente, las brutales condiciones de vida emergentes en el 2001 y 2002 fueron mejorando. Una nueva situación internacional y la coordinación de acciones entre los nuevos gobiernos populares y progresistas de América Latina empezaron a generar condiciones para la recuperación positiva de las economías locales y regionales. Sin embargo ni la recuperación del empleo y de la producción ni el crecimiento sostenido durante seis años en nuestro país, lograron “derramar” sus beneficios en la franja social más golpeada por el modelo neoliberal.
Hasta hace pocos meses se debatía entre los especialistas la existencia de una franja de población pobre e indigente del 20 % según los cálculos oficiales del INDEC, o una franja de población pobre e indigente del 32,9% de la población, 13 millones de personas, para la Central de trabajadores de la Argentina.
Ingreso familiar versus empleo
Las propuestas de políticas sociales del gobierno nacional de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se basaron en el otorgamiento de planes sociales focalizados para la población necesitada, y el desarrollo de cooperativas de trabajo y planes de empleo comunitario en áreas determinadas a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil. Iniciativas que tenían como objetivo fomentar un modelo productivo con inclusión social. A pesar de estas instancias de promoción social, recompuestas varias franjas de la población por el crecimiento económico, con amplios grupos de nuevos jubilados incluidos en el sistema de seguridad social, sin embargo la realidad siguió evidenciando dramáticamente la existencia en Argentina de varios millones de personas marginadas de los derechos sociales elementales.
Antes de la crisis del 2001, en el contexto de la debacle social menemista, desde la CTA y de numerosos grupos políticos de la oposición se empezó a reclamar la aplicación de un ingreso universal mínimo, por hijo, con una propuesta de asimilación a la asignación que perciben los empleados bajo relación de dependencia, con el objetivo de constituir un ingreso mínimo de ciudadanía y de dignidad económica y social.
Debates parlamentarios
Con el paso del tiempo y la persistencia de las brechas sociales, la propuesta empezó a instalarse como la más adecuada para resolver, sin intermediaciones sectoriales, la promoción e inclusión de esa amplia franja de familias pobres e indigentes que las políticas económicas recientes no podían contener satisfactoriamente. Además de la CTA, los Foros de derechos de la niñez, UNICEF, los organismos de derechos humanos, los partidos políticos de izquierda y de centro izquierda, la Coalición Cívica, la UCR y sectores del Frente para la victoria, hasta algún sector de la derecha tradicional, presentaron o impulsaron proyectos de ley para consensuar una salida de fondo. Ya se iniciaba en el Parlamento la discusión correspondiente con un amplio consenso acerca de los objetivos del plan, y con la expectativa de obtener los fondos de financiamiento a través de gravámenes adicionales a la riqueza y a las ganancias.
El decreto 1602
Hace pocas semanas, la presidenta de la Nación sorprendió al conjunto de la sociedad y en particular a los diputados y senadores de los bloques mencionados, con la firma del decreto 1602 por el cual se crea la Asignación universal para la niñez de $180 por hijo, acumulativo hasta cinco niños y adolescentes menores de 18 años, para ser percibido por la población desocupada y aquella que desempeña trabajo en negro por un valor menor al establecido para el salario mínimo (aproximadamente $ 1.500).
El Decreto 1602 constituye una decisión sumamente importante. Tomando las cifras de pobreza e indigencia señaladas, esta asignación beneficia a casi 5 millones de niños, convirtiéndose en el plan social más amplio de los que hasta ahora se hayan aplicado en nuestra vida democrática. Por ello saludamos su implementación, porque recoge un reclamo de todo el universo de organizaciones sociales de la infancia, de los Foros provinciales de derechos de la niñez, de los organismos de derechos humanos, porque brinda un piso de dignidad y de acceso directo a los derechos sociales a través de la implementación directa en el sistema de Seguridad social de todo el país.
Consideramos que la Asignación universal por hijo es un gran avance en el proceso de redistribución de la riqueza, porque implica volcar en la población más postergada la suma de aproximadamente diez mil millones de pesos anuales, lo cual provocará sin duda un impacto positivo en el mercado interno, la activación del comercio minorista y de las propias y consiguientes recaudaciones municipales y provinciales.
Una perspectiva de cambio social y futuras transformaciones políticas y legislativas.
Somos concientes que el decreto deberá ser perfeccionado. Consideramos también que su aprobación debía darse en el marco del debate parlamentario. Sin duda, el sistema de asignación universal se hubiera enriquecido con los aportes de los diputados y diputadas que desde hace años estudian e impulsan la propuesta. Sin duda en próximos periodos legislativos se podrán debatir los gravámenes fiscales necesarios para no tener que utilizar los fondos o intereses del ANSES y poder aumentar las remuneraciones de los jubilados. Sin duda, seguiremos reclamando que esta inicial propuesta de asignación por hijo se extienda a toda la población exenta de Impuesto a las Ganancias, y alcance de esta manera un carácter universal, hoy todavía incipiente. De hecho ya se modificaron los mecanismos para que puedan percibirlo las empleadas domésticas, y otros beneficiarios no contemplados originalmente.
El decreto 1602 es un paso adelante de enorme importancia. Lo fue también la derogación del viejo Patronato de menores a través de la Ley 26.061, de Protección integral de niñas, niños y adolescentes, la cual define que la puesta en marcha de políticas públicas sociales universales es la herramienta esencial para concretar la aplicación de la Convención internacional de los derechos del niño. En su XX Aniversario la Asignación por hijo es el mejor homenaje.
Maria Elena NaddeoLegisladora electa Diálogo por Buenos Aires
Integrante de la APDH, docente – Relatora de los derechos
Del niño PIDDHH
Publicado en: De Frente con la gente
Noviembre de 2009 