“No tengo dudas de la responsabilidad de Aníbal Ibarra en el caso Cromañón” decía Horacio Rodríguez Larreta en el año 2006 para justificar el Juicio Político al que era sometido el entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra por la tragedia de Cromañón.
En ese entonces primaba un razonamiento común entre los dirigentes del PRO: Una cosa era la investigación que llevaba adelante la Justicia, y otra cosa eran las responsabilidades políticas que la Legislatura debía analizar, para concluir con la destitución del Jefe de Gobierno.
En el plano político, según los legisladores del macrismo, las responsabilidades escalaban desde algún posible inspector que hubiera hecho mal una inspección hasta el propio Jefe de Gobierno. En el medio estaban el jefe de los inspectores, los jefes de área, los directores, los directores generales, los subsecretarios, los secretarios, el jefe de gabinete, etc.
Pero todo eso no importaba. La idea era saltar de la inspección al Jefe máximo de la Ciudad de Buenos Aires sin solución de continuidad.
Para juzgar las responsabilidades políticas, los legisladores utilizaron la figura del “mal desempeño”, que puede significar cualquier cosa. Esta figura solo debe ser aplicada –si se pretende respetar el voto popular y la institucionalidad- para casos en los que el gobernante sufriera alguna incapacidad física o mental para gobernar y que el mal desempeño fuera producto de esa incapacidad.
En síntesis, el argumento del macrismo (los impulsores de la destitución de Ibarra) era que la Justicia tenía que investigar por un lado, y la Legislatura tenía que investigar por el otro. La primera investigaba las responsabilidades penales, la segunda las políticas.
Gabriela Michetti, integrante de la Sala Acusadora, decía “por supuesto, no nos compete inmiscuirnos en las tareas de la Justicia, en las tareas que tienen que ver con la evaluación de la sociedad respecto de sus dirigentes. Pero sí nos compete la evaluación de las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo”.
Daniel Amoroso (legislador del PRO), argumentó en su voto por la destitución del Jefe de Gobierno: “el juicio político, justamente, es el medio constitucional que posibilita evaluar la responsabilidad política del Jefe de Gobierno frente a supuestos hechos de mal desempeño, despejando toda hipótesis de impunidad. Debo coincidir, y para clarificar lo que significa "mal desempeño" con la terminología más simple existente, es lo contrario de "buen desempeño"; esto es, aquel aceptado generalmente por la gente”.
Pero los diputados del PRO no dejaron que fuera la gente la que aceptara o rechazara el desempeño de Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno. Se atribuyeron, para ellos mismos, esa facultad.
Hoy, ante el escándalo provocado por el espionaje ilegal organizado por funcionarios del Gobierno de la Ciudad (que vulnera derechos civiles básicos), el macrismo cambia radicalmente su discurso.
El jefe de Gobierno Mauricio Macri, en conferencia de prensa, dijo que hay una investigación judicial en curso, y que hay que esperar a que avance. Esa fue toda su explicación. Más adelante dijo que si Ciro James pinchaba ilegalmente teléfonos para Palacios, era Palacios quien debía responder por ello y no él.
Luego, el Ministro Guillermo Montenegro, al concurrir a la Legislatura para ser interpelado, afirmó que él no tenía que opinar ni dar explicaciones, porque no eran relevantes sus opiniones.
¿Por qué no eran relevantes? Porque hay una investigación judicial en curso, explicó el Ministro.
Y luego remató: “Las responsabilidades son de las personas, no de los funcionarios”.
Muy distinto a lo que hicieron al echar a Ibarra. El criterio sobre la responsabilidad política cambia para el PRO según quién es el Jefe de Gobierno.
En ese caso no esperaron a la Justicia, que finalmente dijo, a través de siete jueces y un fiscal en forma unánime, que el Jefe de Gobierno no podía estar al tanto de absolutamente todo lo que sucedía en un Gobierno y en una Ciudad. La Justicia no vinculó jamás a Aníbal Ibarra con la tragedia de Cromañón.
Pero al Jefe de Gobierno ya lo habían derrocado, sin esperar a la Justicia, y sin respetar el voto popular.
Parece que ahora el macrismo respeta la institucionalidad, respeta las investigaciones judiciales, y busca la prudencia.
Esperemos que hayan reflexionado y aprendido acerca de la importancia de las instituciones y del voto popular, y que este cambio de razonamiento sea algo más que oportunismo político.
