La ciudad de Buenos Aires sufrió el mes pasado devastadoras inundaciones. Los servicios colapsaron y varios comerciantes perdieron todo. Los funcionarios de la gestión macrista culparon a los vecinos -por sacar la basura cuando no deben-, y al Gobierno nacional -por trabar su financiamiento e impedir terminar sus obras-. Además, reconocieron que en caso de repetirse las lluvias, también volverían los problemas. Algo que sucedió al poco tiempo. A pesar de los inconvenientes, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, no sólo renovó los contratos con las empresas que se encargan del mantenimiento de los sumideros, sino que permitió que se modificaran las condiciones del contrato a favor de las compañías. Incluso se priorizó el cuidado de los edificios del microcentro antes que las viviendas de los barrios históricamente más afectados.
Una de las razones por la cual Capital Federal se inunda de la manera en que sucedió es el pésimo control de la limpieza de los sumideros y desagües que debería hacer el Ejecutivo porteño. Para dichas tareas -controladas por la dirección general de Redes Pluviales (DGRPLU)- se destinaron cerca de sesenta millones de pesos, aunque nunca se fiscalizó el correcto desarrollo de las mismas.
Una de las primeras medidas de la gestión de Macri fue renovar los contratos con las empresas. No hubo llamado a licitación, ni renegociación de las condiciones. Simplemente se hizo una prórroga, considerada precaria, por ser un servicio que no puede dejar de prestarse. Esto permitió que las firmas pudieran disponer los costos de sus trabajos a voluntad. El próximo vencimiento es en mayo de este año.
Además, en el inicio de 2008, pocos días después de asumir el ex presidente de Boca, hubo una “reinterpretación” de lo expresado en la circular número 4, que era el texto donde se diferenciaban las tareas básicas -que la empresa debía cumplir sin cobrar extras-, y las complementarias -que sí merecerían un pago plus-. ¿Cómo se realizó la “reinterpretación”? Una de las tres empresas que manejan el negocio escribió el listado de tareas que figurarían en cada categoría y el gobierno se limitó a comentar que “la interpretación es correcta”, junto a las anotaciones de la firma Soluciones Químicas SA.
La nueva circular estableció que los trabajos de limpieza y desobstrucción de sumideros, nexos y otros conductos serían las tareas básicas, y que cualquier otra labor sería un trabajo extra.
Así, la reparación de piezas rotas, la reinstalación de rejas salidas y cualquier otro tipo de mantenimiento dejaron de formar parte de las actividades obligatorias de las empresas y comenzaron a ser definidas como “tareas complementarias”. En consecuencia, sólo en 2008 dichos trabajos implicaron un desembolso de $ 23.810.195,14 para el gobierno porteño, ya que significaron el 43,39% del total de tareas realizadas.
La Ciudad está dividida en cinco zonas, que son controladas por tres empresas. Soluciones Químicas SA maneja la zona 1 -Microcentro-, y es la que más dinero recibe del Ejecutivo. Está conformada por la unión transitoria de las firmas Mantelectric SA y Oscar J. López.
En tanto, las zonas 2 y 3 -Norte- son manejadas por Automat Argentina SRL; y las zonas 4 y 5 -Sur- son controladas por Reconstrucción Caños SA.
El gobierno porteño siempre contó con distintos informes que daban cuenta de los incumplimientos de las empresas. Las faltas incluyen la no realización del solicitado mapa de sumideros, la falta de mantenimiento, reparación y limpieza de las bocacalles de la Ciudad en las distintas zonas y la ausencia de informes sobre realización o no de recorridos y estado del resto de los componentes de la red pluvial.
Sin embargo, lejos de suspender sus contratos, sancionarlas o relicitar el servicio, los premió, permitiendo la mencionada “reinterpretación” y renovando los contratos sin exigir que se cumplan las condiciones mínimas de las prestaciones.
Un dato es, cuanto menos, llamativo. La metodología de trabajo ante alguna inclemencia es la siguiente: debe priorizarse la zona 1, que corresponde al microcentro, donde mayoritariamente están instaladas empresas y donde el tenor de los daños provocados es notablemente menor que en relación con los barrios más populares, que son los más afectados por las inundaciones.
Pero como las firmas encargadas del mantenimiento de los sumideros no alcanzan con el mínimo requerido de camiones para trabajar en cada zona en una circunstancia tal, el gobierno por-teño aceptó trasladar un camión de las zonas 2 y 3 y otro de las zonas 4 y 5 para reforzar el microcentro.
De esta manera, se prioriza la ayuda a las empresas, en detrimento de los vecinos y sus viviendas particulares.
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) señala las irregularidades ocultadas en la relación de la gestión macrista con las empresas licenciatarias. La evaluación se efectuó sobre lo actuado durante 2008 y hasta mediados de 2009. Allí se señala la “ineficacia” de la actual gestión para controlar las tareas que las empresas realizan, así como para mantener en buen estado los sumideros y conductos pluviales, algo fundamental para evitar las inundaciones en todo el territorio capitalino.
Mientras algunos comercios cierran sus puertas por las pérdidas provocadas por los temporales y Macri se ve forzado a otorgar subsidios compensatorios por ocho mil pesos, en los cajones de la oficina del ministerio de Ambiente y Espacio Público duerme un proyecto de Sistema de Alerta de Inundaciones, diseñado por una firma a la que la gestión del ex empresario le pagó $ 435.000 y que nunca fue implementado. El valor de la instalación del sistema ronda los diez millones de pesos -contra una cifra superior por ayuda financiera para los damnificados-, pero no tuvo el aval financiero de la Ciudad.
En tanto, las obras que pondrían punto final al problema de las inundaciones en Capital Federal continúan encareciéndose, y recién estarían terminadas en su totalidad para fines de 2012.
Otra falencia en la administración porteña tiene que ver con el trabajo diario que realiza el personal encargado de los sumideros. Los empleados públicos muchas veces se ven imposibilitados de efectuar los arreglos necesarios por la falta de herramientas básicas; de hecho, la AGCBA detectó que varias de las tareas que las empresas aseguran haber realizado, nunca fueron hechas.
A pesar de esto no hubo una sola sanción a lo largo de 2008 contra alguna de las firmas.
A ello se suma que uno de los requisitos del contrato con las empresas fue exigir que realizaran un mapa de sumideros por zonas, especificando su estado (denominados Sistema de Información Geográfica -GIS, por sus siglas en inglés). Si bien todas las firmas presentaron su cartografía, sólo uno de los archivos puede ser utilizado por el gobierno, ya que los pertenecientes a las restantes zonas tienen imposibilidades técnicas que no fueron solucionadas o, en un lenguaje más simple, el archivo no puede abrirse. Esto provoca que cada vez que alguien desea verificar los sumideros, debe detectarlos personalmente, sin ninguna guía.
Los empleados tampoco tienen un plano donde se señalen todas las bocas de tormenta y sus circuitos hasta las desembocaduras, para que cada sector pueda controlar su funcionamiento. Además, los controladores hacen solos sus recorridas diarias, lo que les impide detectar muchos sumideros, y tampoco pueden verificar el estado de aquellos que están en zonas donde no se consiguen espacios de estacionamiento.
Incluso estas falencias llevaron a situaciones absurdas. Según señala el informe, “al hacer el recorrido junto a un empleado, en reiteradas ocasiones sucedió que el móvil destinado para la recorrida de verificaciones fue remolcado por la propia grúa del gobierno, mientras el funcionario realizaba sus tareas”.
Además, al momento de hacer controles no se cuenta con un listado de los trabajos ya realizados por las empresas, con lo cual es imposible cruzar las informaciones.
Otro de los puntos más altos tiene que ver con las llamativas referencias temporales entre que se realiza un reclamo a la empresa y ésta resuelve el problema. Muchas veces, la compañía encargada de la reparación responde el mismo día que recibe la queja por parte del gobierno. Por ejemplo, se pide a una de las tres contratistas la reparación y/o reposición de elementos de seguridad faltantes en 16 sumideros distintos, que ocupan casi toda una cuadrilla. La empresa responde el mismo día que el problema es solucionado. Al verificar estos datos, se encuentra que la mayoría de los faltantes se habían tapado con baldosones.
El informe de los GIS indica que se realizaron todas las tareas de limpieza hasta abril de 2009, cuando se cerró la auditoría, y al momento de comprobar in situ el estado de dichos sumideros, los auditores detectaron que “el estado de los mismos era muy malo, implicando que no habían sido intervenidos desde un tiempo muy largo (superior a dos meses)”.
En diálogo con Desafío Económico, la titular de la AGCBA, doctora Sandra Bergenfeld, explica que “en la última prórroga de los contratos se incluyó una cláusula obligando a las firmas a mantener una cuadrilla de desobstrucción de sumideros siempre a disposición del gobierno porteño, sin que esto implique un pago extra a las empresas”.
Tras la primera inundación, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, criticó la información de la auditoría y aseguró que todas las irregularidades fueron solucionadas durante 2009. Agregó que las inundaciones se produjeron “por la sudestada y una lluvia de 80 milímetros en una hora”.
“Es llamativo lo que dijo el funcionario -señala Bergenfeld-, porque a los pocos días cayeron 67 milímetros y no hubo sudestada, pero igual las consecuencias fueron desastrosas. Vi por la tele a los vecinos limpiando los sumideros, en un día en el que aún no se había sacado la basura a la calle”.
Desde el gobierno porteño no hicieron objeciones a los datos de la auditoría. Recién cuando los vecinos protestaron y la prensa comenzó a preguntar por las tareas de mantenimiento, se limitaron a responder que el informe era incorrecto y que todo lo que allí estaba señalado ya había sido corregido.
Mantelectric: Una empresa con contactos
Si existe en la Ciudad una empresa que maneje montos millonarios y cuyo nombre se repita una y otra vez en distintos tipos de licitaciones, ésa es Mantelectric.
Su dueño es Carlos Pérez San Martín, un empresario ignoto hasta el momento en que la oposición al gobierno macrista comenzó a denunciar su cercanía con otro magnate: Nicolás Caputo. Este último ha sabido cosechar la amistad del jefe de gobierno porteño, y las sospechas hablan de que ejerce de nexo para que Mantelectric se imponga en las licitaciones. De hecho, para el llamado a concesión de los espacios verdes porteños, ambos empresarios asociaron sus firmas: Mantelectric y SES SA, aunque luego se dedicaron a desmentir las versiones de su relación.
Además, el nombre de la empresa encargada del mantenimiento e instalación de sumideros figura en la lista de donantes para las campañas del PRO, tanto de 2007 como de 2009.
De un tiempo a esta parte, la firma que maneja la zona 1 -Microcentro- de la red pluvial cosechó también el control de una multiplicidad de cuestiones vinculadas, principalmente, con el espacio público.
Mantelectric se ocupa del alumbrado público. Mantiene más de 200.000 luminarias e instaló unas 100.000, todo ello en la zona comprendida desde el barrio Palermo hasta la Casa Rosada. Además se encarga de la iluminación ornamental de edificios, como el Palacio de Gobierno porteño, el teatro Colón y la facultad de ingeniería. A ello se suma el mantenimiento del arbolado y obras en hospitales, entre otras cosas.
Ls obras del arroyo Maldonado
Durante su campaña como candidato a la jefatura del gobierno porteño, Mauricio Macri priorizó como base de gestión la realización de obras tendientes a poner fin a las inundaciones en la ciudad de Bue-nos Aires.
Ya a cargo del gobierno, el ex presidente de Boca decidió reimpulsar el proyecto del arroyo Maldonado, del cual están a cargo dos empresas: Calcaterra y Ghella, desde el año 2005.
Originariamente, el contrato por la construcción de los canales aliviadores estaba valuado en unos 490 millones de pesos, pero desde su inicio a la actualidad ambas compañías obtuvieron 20 millones de pesos extra en carácter de compensación por los efectos inflacionarios.
El 65% del monto total cuenta con financiación del Banco Mundial (BM), y sus técnicos son los encargados de realizar el seguimiento del plan que apunta a casi 266.500 beneficiarios directos, según estipulaciones oficiales.
En el último año las obras fueron paralizadas y reanudadas varias veces por decisión judicial, debido a que durante los trabajos iniciales se profundizaron los pozos para instalar los desagües, provocando un importante riesgo de contaminación.
Tras la seguidilla de tormentas e inundaciones de mediados de febrero, el propio Macri decidió supervisar las obras que encara la compañía de su primo, Angelo Calcaterra. Con la promesa de que la primera parte de los trabajos se finalizará a mediados de 2011, el jefe el Ejecutivo porteño aseguró que las tuneleras “significarán un gran alivio para la Ciudad y para todos los vecinos que hoy sufren el problema de las inundaciones”.
En tanto, el resto de la construcción, que comprende la realización de otro canal aliviador hasta la calle Cuenca, en el barrio de La Paternal, se finalizaría recién a fines de 2012.
Fuente: Revista Desafío Económico
